Bajo condición de anonimato, una fuente de seguridad de Estados Unidos confirmó al periodista Julio Alberto Rubio, de Revista Vertical, que la exsecretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, fue retenida por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Los Tomates, donde presuntamente fue sometida a una inspección e investigación migratoria.
De acuerdo con la fuente, al referirse al caso expresó la siguiente frase:
“¿Para qué vienen si ya saben que tienen bandera roja?”
Según explicó la misma fuente, la llamada “bandera roja” es una alerta utilizada por las autoridades estadounidenses cuando una persona registra algún señalamiento dentro de sus sistemas.
En esos casos, el viajero es enviado a una segunda inspección, conocida comúnmente como “el cuartito”, donde agentes federales revisan teléfonos celulares, equipaje y pertenencias personales, además de realizar entrevistas para determinar si la persona puede ingresar al país, si será regresada a México, si enfrentará algún procedimiento administrativo o judicial, o si se adoptará alguna otra medida migratoria.
La fuente sostuvo que Adriana Lozano Rodríguez, figura junto con otros actuales y exfuncionarios públicos de Morena, en una lista elaborada por autoridades estadounidenses relacionada con investigaciones sobre el tráfico de huachicol.
Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre la existencia de dicha lista ni sobre el supuesto estatus migratorio de la exfuncionaria.
Recientemente, el diputado federal y exalcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, “La Borrega”, a quien le fue retirada la visa estadounidense, mencionó públicamente a varios integrantes de Morena y de gobiernos emanados de ese partido envueltos en el tráfico del huachicol entre ellos Adriana Lozano Rodríguez, Olga Sosa Ruiz, Erasmo González Robledo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Eduardo Gattás Báez y otros actores políticos.
Asimismo, el hoy fallecido empresario Julio Almanza Armas denunció públicamente en su momento que Adriana Lozano Rodríguez presuntamente cobraba cuotas a pipas relacionadas con el tráfico de combustible cuando se desempeñaba como secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas. Dichos señalamientos nunca derivaron en una resolución judicial pública en su contra.
De acuerdo con información obtenida por Revista Vertical, durante el primer trimestre de 2025 Adriana Lozano fue sometida a una revisión secundaria por autoridades estadounidenses al intentar cruzar hacia Brownsville, Texas. En aquella ocasión trascendió que la propia exfuncionaria comentó a personas cercanas que no le habían retirado la visa, aunque sí fue objeto de diversos cuestionamientos por parte de agentes migratorios.
Tras ese episodio, según versiones recabadas por este medio, Adriana Lozano habría evitado volver a cruzar hacia el Valle de Texas, realizando sus compras en Estados Unidos mediante terceros, ante el temor de enfrentar una nueva revisión.
En esta ocasión no existe información oficial sobre el motivo por el cual decidió intentar ingresar nuevamente a Estados Unidos. Entre las versiones conocidas se encuentra la posibilidad de que buscara conocer el estado de su situación migratoria o aclarar los señalamientos públicos que desde hace tiempo la relacionan con investigaciones sobre el tráfico de huachicol. No obstante, esa versión no ha podido ser confirmada.
Por otra parte, una segunda fuente, ubicada en la Ciudad de México y cercana a la Cámara de Diputados, aseguró a Revista Vertical que la retención de Adriana Lozano fue conocida por áreas de inteligencia del Gobierno de México y que, debido a la relevancia del caso, funcionarios de alto nivel establecieron comunicación con autoridades estadounidenses para solicitar que la exsecretaria fuera regresada a territorio mexicano a la brevedad.
De este caso, no hay aun pronunciamiento oficial del Gobierno de Estados Unidos, del CBP ni de Adriana Lozano Rodríguez sobre estos hechos.
Debido al hermetismo con el que las autoridades estadounidenses manejan este tipo de procedimientos, gran parte de la información disponible proviene de fuentes que solicitaron permanecer en el anonimato.
En consecuencia, varios aspectos del caso permanecen sin confirmación oficial y podrían esclarecerse conforme avancen las investigaciones o exista un posicionamiento de las autoridades competentes.
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